Argentina incorporó ahora una nueva efeméride a su historia nacional: el 17 de junio de 2025, un día de triste recordación por tratarse de la fecha en que triunfó una burda componenda entre los poderes judicial y político, que condenó a seis años de prisión domiciliaria y decretó la «inhabilitación política perpetua», de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), por el «delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado», en la llamada «Causa Vialidad».
A partir de esa fecha, una multitud se concentraba frente al departamento del barrio de Monserrat, ubicado en San José 1111, en Buenos Aires, domicilio de la exmandataria (2007-2015) y exvicepresidenta (2019- 2023), con gritos de «Argentina con Cristina», con cantos, música y consignas, como muestras de solidaridad y cariño, aunque a ella se le ha prohibido asomarse al balcón para saludar y hasta cantar con sus seguidores, pues «no puede alterar la tranquilidad del barrio», según establece el reglamento de su prisión domiciliaria. Sin embargo, Cristina les pidió que no se concentraran más allí, que fueran a otro lugar, pues se preparaba una operación policial ilegal.
Las medidas impuestas para el cumplimiento de la prisión domiciliaria también incluyen la limitación de visitas y la posibilidad de una tobillera electrónica conectada a un sistema permanente de monitoreo, en su domicilio, que registra su ubicación en tiempo real y disparará una alerta si se intenta manipularlo o exceder el perímetro autorizado.
La propia Cristina, máxima figura del peronismo, una de las más relevantes líderes femeninas de la política latinoamericana de los últimos tiempos, había anunciado que se presentaría ante los tribunales el 17 de junio, después que el juez Jorge Gorini quien presidió el tribunal que dictó la sentencia, en primera instancia en 2022, le notificara su arresto, a partir de esa fecha de 2025, para cumplir la condena ratificada por la Corte Suprema de Justicia.
No obstante, todo parece indicar que el verdadero propósito de la orden de arresto domiciliario, estuvo encaminada a impedir una gran marcha del Partido Justicialista (PJ), acompañando a su líder desde su hogar, ubicado en el sureño barrio Constitución, hasta la parte norte de la ciudad donde radican los tribunales, y allí ella se entregaría a la justicia, para cumplir su sanción.
También resultó sospechoso que la ratificación de la sentencia y el arresto de Cristina, ocurrieran pocos días después de que ella anunciara su decisión de presentarse como candidata a diputada en los próximos comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, en septiembre próximo.
Causa Vialidad
En el proceso, iniciado en 2016, por la llamada «Causa Vialidad», la parte acusadora planteó presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos millonarios de obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, que favorecieron al empresario Lázaro Báez, con quien la exmandataria y su difunto esposo, el expresidente Néstor Kirchner, mantenían estrechos vínculos personales y comerciales.
De acuerdo con los argumentos presentados por la fiscalía, «días antes de asumir como jefe de Estado, en 2003, Néstor Kirchner, (fallecido en 2010), y su esposa crearon una empresa constructora llamada «Austral Construcciones», que asumió casi el 80 % de las obras viales realizadas en esa provincia durante los 12 años del mandato del kirchnerismo».
La defensa de la expresidenta sostuvo que «no hubo evidencias que vincularan directa y personalmente a Cristina Kirchner con el otorgamiento de obras a Báez, y que un Jefe de Estado no decide directamente sobre estas licitaciones, existiendo 12 instancias administrativas entre la presidencia y las obras en cuestión». Por su parte, Cristina declaró que «el Parlamento aprobó esas inversiones en obras públicas cuando sancionó la ley de presupuesto, y que la justicia no tiene potestad para juzgar cómo un gobierno, elegido democráticamente, distribuye la inversión». A pesar de la falta de pruebas, CFK fue condenada por el «delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado».
¿Qué hay detrás de la sanción a CFK?
Al conocerse el fallo definitivo de ese prolongado proceso judicial, Cristina afirmó que el «Partido Judicial» le había impuesto un «cepo al voto popular» con su condena, y denunció ser «víctima del lawfare, una persecución política, mediática y judicial orquestada por el poder económico concentrado». Cuando me senté en el banquillo de los acusados en 2019, afirmé que la sentencia ya estaba escrita y no me equivoqué», precisó.
Ahora, al ser condenada a prisión domiciliaria por seis años, declaró que «el poder económico concentrado busca quitarla del camino porque sabe que cuando este monigote que nos gobierna se caiga, cuando esto se desplome, no quieren que el campo nacional y popular pueda organizarse». «Este modelo, que ahora encarna Milei, que no es diferente a los de otrora, indicó, se cae, no solo porque es injusto, sino porque es insostenible». «La lucha es el camino», afirmó.
Por cierto, el ultraderechista Javier Milei, actual ocupante de la Casa Rosada, quien ha mantenido una política de descrédito y de ofensas hacia la exmandataria, expresó su satisfacción por la sentencia dictada. En sus redes sociales solo escribió «Justicia». «Fin» y, a la vez, tuvo fuertes palabras para medios de prensa que según Milei, «han inventado un ‘supuesto pacto de impunidad’ entre el gobierno y Cristina Kirchner para que no fuera a prisión».
Reacciones ante la condena
Las reacciones ante la sanción impuesta a CFK se dividen entre opiniones que consideran justa la sentencia, y los que creen que se trata realmente de «persecución política», para impedir su participación en las próximas elecciones legislativas por la provincia de Buenos Aires y sacarla del escenario político de por vida, como expresaron manifestantes en una marcha convocada por el Partido Justicialista (PJ), dirigido por Cristina, concentrados en la Plaza de Mayo, respaldada por sindicatos, movimientos sociales y agrupaciones kirchneristas, para denunciar esa medida y expresar su apoyo a la abogada y dirigente política.
Para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien despunta como uno de los futuros líderes del peronismo, la condena a CFK «es un golpe de autoritarismo que se expresa en un procedimiento judicial absolutamente injusto y fuera de la ley. Esto es lo que pasa en la Argentina de Milei, una Argentina donde se encarcela y se persigue al que piensa distinto».
Por su parte, el abogado y consultor político Federico Miravet sostiene que, en términos políticos, la condena a Fernández de Kirchner no le resulta especialmente útil a Milei. Por el contrario, «La judicialización del conflicto político, lo que tiende es a profundizar la polarización social y puede alimentar narrativas de victimización que refuercen a la oposición». «Lejos de debilitar su influencia, el fallo parece haber reordenado al movimiento, que ahora enfrenta un escenario distinto en cuanto a liderazgo y unidad».
Quizás en esos análisis falta recordar que la derecha ha logrado apartar de la escena política a importantes figuras de la izquierda latinoamericana, en los últimos tiempos, como el expresidente Rafael Correa de Ecuador, y el mandatario Lula da Silva de Brasil, quien cumplió una condena y fue exonerado posteriormente, todo gracias al debilitamiento de la unidad entre las fuerzas progresistas de la región.
Ahora, la condena y proscripción de la vida pública contra la destacada figura política femenina, no sólo debe servir para fortalecer el peronismo, sino también para poner en alerta la izquierda en América Latina, por aquello de que «cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo».