Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, de 36 años, el presidente más joven en la historia de Ecuador, a punto de concluir su mandato de año y medio para el que fue electo, enfrenta una aguda crisis energética, incendios, y una indetenible violencia, en vísperas de las elecciones presidenciales de 2025.
En 2023, Noboa asumió la presidencia en unas elecciones anticipadas, tras la decisión del entonces mandatario Guillermo Lasso, quien en medio de un juicio político por malversación de fondos, decretó el mecanismo constitucional conocido como «muerte cruzada», un hecho sin precedentes en el país sudamericano, mediante el cual disolvió la Asamblea Nacional y convocó a comicios adelantados.
La «muerte cruzada», aplicada por primera vez en Ecuador, es una figura legal recogida en la Constitución de 2008, promulgada durante el mandato del expresidente Rafael Correa- y amparada por la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Un periodo presidencial en Ecuador dura cuatro años, por lo que Noboa no inició uno nuevo, sino que completaría el tiempo que le restaba a Lasso, un corto gobierno de sólo un año y seis meses, que popularmente ha sido bautizado como «exprés».
El joven mandatario, hijo de Álvaro Noboa, el hombre más rico de Ecuador y que intentó sin éxito llegar a la presidencia cinco veces; se autodefine “de centro izquierda”, y ganó con promesas de empleo y “mano dura” contra la inseguridad, la principal preocupación de los ecuatorianos y alejándose de la confrontación con otros partidos políticos.
Sin embargo, cuando sólo faltan cuatro meses para las elecciones generales, la realidad es bien distinta a lo prometido Su gestión comenzó mal desde el principio, por lo que representó el costo de los comicios anticipados para el Estado ecuatoriano, que fue de casi 80 millones de dólares, según cifras del Consejo Nacional Electoral, más otros 600 mil dólares de la transmisión de mando el 23 de noviembre del pasado año.
Por otro lado, su llegada al poder estuvo precedida por lo que se consideró el “año más sangriento de la historia del país”, cuando en 2023 se registró una tasa de homicidios superior a la de países históricamente violentos en la región como Honduras, México y Colombia, situación que se ha hecho más crítica bajo su efímero gobierno, enfrentado a una ola de inseguridad, con cifra record de muertes violentas, como resultado del auge del narcotráfico y una grave crisis económica.
Como epicentro de esa ola de violencia emerge Durán, un municipio o cantón, como se les conoce en Ecuador, con más de 300 mil habitantes en el suroeste de la provincia costera de Guayas. Un estudio de InSight Crime, una organización sin ánimo de lucro, señala que «Durán, que en otros tiempos fue un vibrante centroferroviario e industrial, es ahora el ejemplo de la rápida caída del país en el abismo de la criminalidad»
Bajo el título: Durán, una ventana a la explosión del crimen organizado en Ecuador, el análisis añade que numerosos factores sociales, económicos y políticos han convergido también para hacer de ese cantón un violento centro criminal. El rápido e incontrolado crecimiento poblacional, unido a la corrupción y malversación generalizadas, agrega, han dejado a buena parte del municipio desprovisto de servicios básicos, como el agua potable, y un sistema de alcantarillado funcional, entre otros males sociales.
Estados de excepción, bases militares, ¿la solución?
Con el propósito anunciado de enfrentar la creciente oleada criminal, el presidente Noboa decretó, por cuarta vez en lo que va de año, un estado de excepción focalizado en el país con el fin de «reforzar acciones de seguridad» argumentando nuevamente «grave conmoción interna y conflicto interno armado».
El decreto de estado de excepción tendrá una duración de 60 días y se aplicará en seis provincias ecuatorianas.
Mediante un comunicado, el gobierno justificó la emisión del alargamiento de la medida. «La decisión presidencial se toma para fortalecer el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en función de defender la soberanía e integridad del Estado, seguridad ciudadana y orden público». Además, el decreto dispone el toque de queda o restricción a la libertad de tránsito desde las 22:00 (hora local) hasta las 05:00 (hora local), en más de 20 cantones de país.
En los últimos días, en lo que parece ser una medida con un sospechoso trasfondo anticorreista, y que busca el apoyo de Estados Unidos en las próximas elecciones, se anunció oficialmente que el presidente Daniel Noboa, presentará un proyecto de reforma parcial a la Constitución para que la Asamblea Nacional modifique un artículo que prohíbe «la existencia de bases militares extranjeras e instalaciones con propósitos militares» en el país.
A la par de la publicación del escrito, Noboa difundió un video en sus redes sociales en el que cuestionó la decisión que el entonces presidente Rafael Correa ejecutó en su gobierno, al haber dado por terminada la operación de la denominada Base de Manta que funcionó bajo un acuerdo con Washington en la ciudad costera de Manabí, desde 1999 hasta el 2009, con el fin de combatir el tráfico de drogas.
«Quisieron decir que así recuperaríamos la soberanía de Ecuador y lo que hicieron fue entregarlo al narcotráfico. Ese fue el primer pacto con el crimen trasnacional y en esta lucha por recuperar el país es el pacto que tenemos que revertir y quebrar», argumentó Noboa en defensa de la entrada de los soldados estadounidenses a Ecuador.
Por su parte, el exmandatario Correa rechazó la iniciativa, a la que calificó de un «engaño, pues las estadísticas son contundentes. Este muchacho es un farsante y está improvisando, mientras la gente se muere», respondió Correa a CNN.
Frente a las últimas decisiones tomadas por Noboa, un artículo del periodista Francesco Martone titulado: Crisis en Ecuador ola de violencia, neoliberalismo y tráfico de drogas, plantea que: «Hay mucho de neuropolítica en el desarrollo de los últimos acontecimientos en Ecuador, con su crisis de seguridad y las draconianas respuestas decididas por el presidente Daniel Noboa. Hay neuropolítica del terror, hay neuropolítica en la ansiedad de prestación de un presidente recién elegido que se ve obligado a asumir una situación, ya clara desde el principio, que corre el riesgo de perjudicar su posible futura elección».
«Y hay mucho de psicopolítica, añade Martone, en un país que no puede desprenderse de su odio visceral por los años de la Revolución Ciudadana, por un lado, ni de su amor incondicional por su padre Rafael Correa, por otro».
Así las cosas, este es el panorama que vive Ecuador, matizado además por una severa crisis energética, con apagones de hasta 14 horas diarias; 27 incendios forestales en Quito, la capital, catalogados como «actos criminales y terroristas» por Pabel Muñoz, alcalde de la ciudad; y un malestar social más que latente, en vísperas de las futuras elecciones de 2025, en las que Noboa aspira a ganar, para dejar de ser un presidente «exprés».
Pie de foto: Daniel Noboa, empresario e hijo del hombre más rico de Ecuador, pretende entregar de nuevo el país a las bases militares estadounidenses.