Con el fallecimiento el 11 de septiembre de 2024, a los 86 años de edad, del ex presidente Alberto Kenya Fujimori Fujimori, la justicia divina y no la de los hombres, decretó «caso cerrado», al largo sumario seguido al ex mandatario peruano, por numerosos delitos, incluidos crímenes calificados de «lesa humanidad».
«Se murió, pero no pagó», es una de las consignas que se escuchaban en las calles de Perú, tras conocerse la noticia de la muerte del también llamado por esas voces, «dictador y asesino», quien llegó al poder en 1990, iniciando en el país sudamericano lo que se conoció entonces como «la era de los niseis», vocablo nipón que señala a los japoneses nacidos en segunda generación fuera de Japón.
Fujimori ocupó la presidencia de la República del Perú entre el 28 de julio de 1990 y el 21 de noviembre del 2000, en dos mandatos, al frente del movimiento «Cambio 90», creado por él. Un primer período se caracterizó por la aplicación de medidas dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), contrarias a lo que había prometido en su campaña electoral.
A sólo dos años de asumir la presidencia, afloraron una serie de acusaciones en su contra, calificándolo de «autócrata», después de que utilizara tanques militares para cerrar el Congreso, y ocupar las sedes judiciales, acción conocida como el «Fujishock«, autogolpe que contó con apoyo del ejército.
Como señalara entonces el periódico La República: «Fujimori decidió, el 5 de abril de 1992, haciendo uso de la violencia, disolver el Congreso de la República, la aprobación de una nueva Constitución, en 1993, la derrota de organizaciones subversivas como Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que puso fin a un largo conflicto interno y aplicar las reformas económicas neoliberales».
Este acto, denominado popularmente como «Fujigolpe», fue apoyado por las fuerzas armadas y causó la llamada crisis constitucional de 1992». También recibió numerosas críticas por haber reformado la Constitución a su conveniencia.
En el 2000, ganó las terceras elecciones presidenciales, luego de haber modificado la Carta Magna para poder postularse. La Constitución de 1979 establece que «el Presidente de la República será sancionado por traición a la patria, si disuelve el Congreso y gobierna por decreto», pero su compatriota Yoshiyama, presidente del nuevo órgano legislativo, anunció que el gobernante no sería sancionado por esos sucesos, haciendo «borrón y cuenta nueva» del caso.
TRES DÉCADAS DESPUÉS
Tres décadas después de su llegada al salón presidencial, el nisei mayor retorna a la palestra pública, para seguir respondiendo, en una cadena de juicios, por delitos de corrupción y otros calificados como «crímenes de lesa humanidad». El 6 de diciembre de 2023, un indulto «humanitario» impulsado por el ex presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, en 2017, y restituido por el Tribunal Constitucional ese año, dejó en libertad al nisei mayor, entonces con 85 años de edad, bajo el argumento de su avanzada edad y presentar múltiples enfermedades, entre ellas, cáncer lingual, fibrilación auricular e hipertensión, de acuerdo con diagnósticos de sus médicos.
En el 2009 Fujimori había sido condenado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, de los cuales cumplió sólo 16 años del total de la condena, acusado igualmente como presunto autor mediato del delito de homicidio calificado, en la modalidad de asesinato con alevosía, tipificado como «crimen de lesa humanidad» en el caso Pativilca, ejecutado por el destacamento paramilitar peruano «Grupo Colina», el 29 de enero de 1992.
En la localidad de Pativilca fueron secuestradas, torturadas y asesinadas seis personas supuestamente vinculadas a la organización subversiva Sendero Luminoso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que las autoridades peruanas incurrieron en «desacato» al ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 17 de marzo del 2022, que restituía el indulto humanitario a favor de Fujimori, sin tomar en cuenta las resoluciones en las que se establecía que se debían abstener de ejecutar el fallo del TC.
Igualmente enfrentaba acciones judiciales por actos de violencia relacionados con la represión estatal y graves violaciones a los derechos humanos, como fueron la masacre de los Barrios Altos, en diciembre de 1991, cuando fueron asesinadas 15 personas y en julio de 1992 fueron ultimados nueve alumnos y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), acciones también llevadas a cabo por el Grupo Colina, un escuadrón de la muerte que funcionó durante aquellos años como un equipo paramilitar.
Sentado en el banquillo de los acusados por casos de apropiación de fondos; violación del secreto de las comunicaciones, interferencia o escucha telefónica; pago a congresistas y compra de medios de comunicación durante su régimen; delitos contra la administración pública; peculado doloso, y falsedad ideológica en agravio del Estado, son sólo algunas de una larga lista de fechorías que lo llevaron a juicio, desde los años 90 del pasado siglo.
JUICIO FINAL
A inicios de 2024, alrededor del peruano-japonés, seguían generándose tormentas legales, sin que en el horizonte del país sudamericano, se vislumbrara el juicio final del nisei mayor.Se plantea que los «crímenes de lesa-humanidad» del fujimorismo, aún siguen sin castigo: entre ellos, la violenta esterilización forzosa de más de 300 mil mujeres y 22 mil varones, a través de ligaduras de trompas y vasectomías, casi siempre a féminas indígenas y pobres, a partir del programa de Austeridad y Planificación Familiar aplicado por Fujimori en 1991.
Según la periodista María Esther Mogollón Chapilliquén, desde hace varios años la Asociación de Mujeres Peruanas afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF), viene luchando para lograr que esos crímenes no queden impunes. Es una lucha que continúa, gobierno tras gobierno y que hoy, expresó, enfrenta también el régimen de Dina Boluarte.
En torno a la figura del dictador, también se vislumbraba una nueva acción penal, esta vez contra los magistrados que lo liberaron en diciembre del 2023, mediante un indulto «por razones humanitarias», cuyo resultado final pudiera enviarlo nuevamente a la cárcel.
Sin embargo, este 11 de septiembre de 2024, eliminó toda posibilidad de que el nisei mayor responda por todos sus delitos. Entre las valoraciones hechas por la prensa local, sobre cómo será recordado Fujimori, figura la que expresa que «el recuerdo va a estar cargado de ese contenido ambivalente: va a ser el líder que la gente recuerda como el que acabó con el terrorismo y el desgobierno económico; pero la gente también sabe que es el que robó y asesinó, cuya vida política estuvo marcada, de principio a fin, por la deshonestidad y la ilegalidad».
Así las cosas, Alberto Kenya Fujimori Fujimori, político, ingeniero agrónomo y profesor universitario, enfrentó su juicio final, quizás alzándose con el triste lugar en «El libro Guinness de los récords», como el presidente más llevado ante los tribunales, no sólo de la historia de Perú, sino del mundo entero.